La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena contra Jorge Enrique Prado, exintendente de Aguaray, por el robo agravado en despoblado y en banda de 228 caños pertenecientes al inconcluso Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), una obra nacional valuada en $2.000 millones que nunca fue finalizada.
La información fue publicada este martes por el diario La Nación, que indicó que el máximo tribunal —con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— rechazó la apelación presentada por la defensa al considerarla “inadmisible”, según los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Uno de los mayores casos de corrupción sobre una obra en Salta
El caso, considerado por la fiscalía como uno de los mayores hechos de corrupción en torno a una obra del Estado Nacional en la región, investigó el saqueo de materiales entre diciembre de 2019 y abril de 2020. La maniobra incluyó la creación de la Resolución Municipal N.º 1215, elaborada para dar apariencia legal al traslado de los caños desde una planta petrolera ubicada en la finca Ñacatimbay, en Aguaray.
La operación fue frustrada por la resistencia del administrador de la finca, lo que llevó a redireccionar el robo hacia otros sectores. Así, los condenados extrajeron 67 caños en el paraje Tonono (Tartagal), y luego otros 161 caños en el paraje El Desemboque, mediante una logística organizada por el empresario Adrián Vera.
Las penas y los condenados
El Tribunal Oral de Juicio N°2 de Salta condenó en diciembre de 2021 a:
- Jorge Enrique Prado: 6 años y 6 meses de prisión efectiva.
- Diego Andrés Alos (empresario): 6 años y 3 meses.
- Adrián Antonio Vera (empresario mendocino): 6 años y 8 meses.
- La fiscalía señaló que los caños robados pertenecían al Estado Nacional y estaban destinados al Gasoducto del Noreste Argentino, una obra impulsada por ENARSA (hoy IEASA), con el objetivo de importar gas desde Bolivia y beneficiar a 1.700.000 habitantes del norte argentino.
- El caso se tramitó bajo el sistema acusatorio vigente en Salta desde 2019, y en julio de 2022, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas y revocó absoluciones anteriores.
- El Tribuno de Salta
